El sindicato alerta de que con ésta reforma, la privatización de los Registros Civiles, la Ley de Tasas y la reforma de la Justicia Gratuita, entre otras, el Gobierno está desmantelando, a saldos, el servicio público de la Justicia.
El Gobierno de Mariano
Rajoy sigue en su empeño de intentar desmantelar otro servicio público,
en éste caso, el de la Justicia. Para cumplir su
objetivo está llevando a cabo diversas medidas, entre ellas, la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que altera radicalmente el mapa judicial
español al suprimir los actuales Partidos Judiciales y los Juzgados de
Paz y creando, en cada provincia y con sede en su capital, un único
órgano judicial de base, los llamados Tribunales Provincial de Instancia.
En la actualidad existe una
sede de Juzgados en cada partido judicial (en la Comunidad de Madrid hay 21
partido judiciales, entre ellos, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles,
Alcorcón, Aranjuez, Valdemoro, Arganda del Rey, …) que hace posible la justicia
de proximidad para los ciudadanos. Pues bien, si esta reforma se aprueba tal y
como recoge el anteproyecto, este servicio público desaparecerá de todos y cada
uno de los municipios que en la actualidad cuentan con una sede judicial,
viéndose obligados los vecinos de estas localidades a desplazarse hasta Madrid
para resolver asuntos como: una reclamación por impago en una comunidad de
vecinos; un accidente de tráfico en el término municipal, un divorcio; un
problema de herencia, un juicio de faltas por robo, insultos, amenazas, etc.
Incluso las víctimas de violencia de género, se verán obligadas a desplazarse a
la capital de la provincia, en éste caso a Madrid, para lograr la protección de
un Juez de Violencia.
Con el alejamiento de la
justicia el Gobierno pretende disuadir a los ciudadanos de la utilización de
éste servicio público (sobre todo en asuntos de menor entidad) suponiendo
un nuevo encarecimiento de la justicia ya que, la intervención de
testigos, peritos, etc, conllevará un gasto adicional, el coste del
desplazamiento y/o en su caso dietas.
Junto con la eliminación de
la justicia de proximidad (de todos los partidos judiciales y de los Juzgados
de Paz) el ministro Gallardón ha anunciando la privatización del Registro
Civil en el que la legislación española obliga a inscribir datos
relevantes de las personas (nacimiento, defunción, filiación, matrimonios,
divorcios, incapacidades) que van
a tener posterior trascendencia a lo largo de toda su vida. Además, para
acceder a muchos servicios públicos o tener derecho a prestaciones sociales, la
ley obliga a acreditar algunos datos mediante certificación de su inscripción
que en la actualidad se expiden en los Registros Civiles. A pesar de
ello, la pretensión del Gobierno es que este servicio público, hasta
ahora universal y gratuito, pase a manos de un colectivo de élite muy
minoritario, los Registradores Mercantiles, previo pago de los aranceles que se
fijen o mediante una compensación a cargo de los presupuestos. Todo lo
anterior, a día de hoy, ya es una realidad, tras la aprobación por el Gobierno
de Rajoy, el pasado día 4 de julio el RDL 8/2014, los Registros Civiles pasaran
a ser gestionados por Registradores Mercantiles que pasarán a denominarse
Registradores Civiles y Mercantiles.
En la línea de continuar
favoreciendo sectores privados, el Gobierno privatizará la realización de los
actos de comunicación y ejecución (notificaciones, requerimientos, embargos,
etc.) para que sean los Procuradores quienes los practiquen incluyéndolos en su
factura de honorarios. En la actualidad estas funciones son desempeñadas por
funcionarios sin ningún sobre coste para el litigante. También entregará a
Notarios y Registradores de la Propiedad, para que sigan aumentado sus
astronómicos emolumentos, la tramitación de determinados asuntos como
expedientes de matrimonio y celebración de los mismos; declaración de herederos
cuando no haya testamento; separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y sin
hijos menores, etc.
Y,
por si no fuera suficiente, la reforma de la Ley de Justicia
Gratuita es un paso más para dejar
sin contenido la Constitución y los derechos y libertades de los ciudadanos, deja
sin derecho de defensa a las capas sociales menos favorecidas, perjudica al ciudadano y no atiende
las necesidades de un Estado de Derecho que debe garantizar el acceso a la
Justicia de todos los colectivos.
Todas estas reformas están
precedidas de Ley de Tasas Judiciales, que ya fue aprobada en el mes de
noviembre del 2012 y que ha supuesto el copago por un servicio público, el de
la Administración de Justicia, que ya sufragamos con nuestros impuestos. Una
Ley que está impidiendo a miles de ciudadanos acudir a los Tribunales en
defensa de sus derechos e intereses legítimos y, en el mejor de los casos,
a jugarse a una sólo carta su reclamación ya que las tasas
judiciales para la instancia de recurso sólo están al alcance de los ricos.
CCOO
denuncia que, en resumen, se trate de medidas para desmantelar a saldos el
servicio público de la Administración de Justicia, de una vulneración de un
derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución Española, que es
el derecho a la tutela judicial efectiva, que deja a millones de ciudadanos
indefensos y, de paso, pretende llevarse por delante miles de puestos de
trabajo. El sindicato anuncia que llevará a cabo las acciones necesarias, con
los vecinos/as de todos los municipios que se quedarán sin Juzgados, con
los trabajadores/as de la Administración de Justicia y, en general, con los
ciudadanos/as, para intentar parar este gravísimo retroceso de derechos.
