El juzgado de lo contencioso
administrativo nº 10 de Madrid ha vuelto a condenar a la Alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez de la Fuente, por vulneración de derechos fundamentales, en
concreto el art. 23 de la Constitución Española, esta vez los de los concejales
de la oposición en el Ayuntamiento de Aranjuez.
El acuerdo de pleno que aprobó la
Alcaldesa el 25 de marzo de 2013, significaba el recorte en los sueldos y
derechos de la plantilla municipal, unilateralmente sin contar con las
propuestas sindicales, además de no presentar informes técnicos en materia de
recursos humanos, que avalase la propuesta presentada por la Primera Teniente
de Alcalde y Concejala Delegada de Personal y Régimen Interior y Educación,
Doña María Isabel Pantoja Rivas sobre:
1.- Modificación de los puestos de
trabajo siguientes mediante la eliminación del PLUS DE DISPONIBILIDAD entre
otros al: Jefe de Protocolo, Director de Juventud, Jefe de los Servicios Médicos,
Director de Consumo, Director de Deportes, Jefe de la Oficina de Atención al
Ciudadano, Técnico de Administración General, Inspector de Rentas, Director de
la Escuela de Música, Director de Medioambiente, Director de Área Económico
Presupuestaria, Director de Desarrollo Económico, Técnico de Desarrollo Tecnológico,
Director de CAID, Encargados de Jardines, Coordinadores de Deportes, Jefe de
Negociado de Alcaldía y Encargado General de Obras y Servicios.
2.- Modificación en el sistema
retributivo de las Guardia de los Empleados del Departamento de Obras,
Servicios y Almacenes Municipales, retribuyéndose por guardia realizada, que
exija intervención 20€ diarios y 15 € diarios por la que no exija intervención.
3.- Extinción de la Jornada Especial
de los Empleados del Departamento de mantenimiento de las instalaciones
Deportivas.
4.- Recortes retributivos en el
personal Interino.
Con ello la Alcaldesa eliminó de un
plumazo los derechos de los trabajadores adquiridos en los 30 años de
democracia, pero no realizó ningún esfuerzo por su parte, ya que al mismo
tiempo contrató un Responsable de Comunicación y le duplicó el sueldo al
secretario del grupo popular nombrándole Jefe de Gabinete. Es decir, el
argumento de razones organizativas y económicas se podría defender dando
ejemplo y a la vista está que no es así. Para concretar, la Alcaldesa no conoce
la Constitución, pero si sabe hurtar los derechos a los trabajadores para
mantener sus privilegios.
