· Por vulnerar las normas y principios constitucionales y legales del sistema sanitario público y de la función pública
CCOO ha presentado un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que detenga el proceso de privatización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, coincidiendo con la apertura de las ofertas económicas para su gestión. El Gobierno regional tiene que contestar en el plazo de diez días y dependiendo de esta respuesta se seguiría la vía judicial correspondiente.
Para CCOO, la situación provocada por el Gobierno madrileño es “especialmente grave y preocupante” como consecuencia de la aplicación de un modelo sanitario que no iba en el programa electoral del PP y que cuenta con el rechazo “aplastante” de la ciudadanía madrileña y de todo el sector sanitario, generándose una situación de “alarma social” y convirtiendo la región en “un campo de juego de la batalla jurídica”. Así lo demuestran los procedimientos judiciales iniciados por organizaciones políticas, sindicales y sociales.
“Los madrileños no quieren esta privatización”, y no creen la justificación económica que defiende el Ejecutivo madrileño para llevar adelante este proceso privatizador, ya que se ha demostrado que los conciertos sanitarios son “un pozo sin fondo”.
CCOO ha expresado también la preocupación por las “sospechas de arreglo” en el concurso para la adjudicación de los seis hospitales, toda vez que las tres empresas que concurren lo hacen por distintos centros, lo que hace pensar en “un reparto”, al haber una ausencia total de competencia, y lleva a pensar también en que lo que hay realmente detrás es “una operación clara de negocio”.
Por tanto, a juicio de CCOO, la Consejería de Sanidad y su titular, Javier Fernández-Lasquetty, deberían detener este proceso, corregir lo que está haciendo mal y trabajar para lograr el “gran consenso” social y político que la sanidad necesita. “Lasquetty tiene que volver al principio y hacer las cosas bien”.
En primer lugar, supone la vulneración del derecho a la salud y a un sistema sanitario público, ya que lo presupuestado en los pliegos de condiciones lleva a pensar en que habrá una rebaja de la calidad asistencial o una rebaja de las condiciones laborales, cuando no las dos cosas a la vez. Por tanto, se va a hacer prevalecer el criterio económico sobre la atención sanitaria. Asimismo, CCOO denuncia la desigualdad en el acceso de los ciudadanos a determinados servicios sanitarios.
En segundo lugar, existe una vulneración del derecho a la función pública, ya que quienes trabajan actualmente en estos centros son empleados públicos y a partir de ahora habrá un trato diferenciado de trabajadores que hacen tareas similares, existiendo una situación de discriminación hacia el personal temporal, que será contratado por las empresas concesionarias.
Por último, CCOO denuncia que las competencias de docencia e investigación que poseen estos hospitales, que son consustanciales a la sanidad pública, no quedarán subrogadas a las empresas concesionarias, por lo que estas funciones docentes e investigadoras se perderían.
