MANIFIESTO EN DEFENSA DE TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS

Manifiesto firmado por organizaciones políticas, sindicales y del movimiento asociativo de Aranjuez. En la rueda de prensa han participado CCOO, UGT, PSOE, IU, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez, Plataforma  Asamblea Tajo Aranjuez y Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez.
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Los sucesivos recortes del Partido Popular, están deteriorando notablemente el conjunto de los servicios públicos y constituyen el primer paso para su privatización en busca de negocio, o desaparición. Desde este punto de vista, lo que era un derecho (que tiene carácter subjetivo, es universal y está vinculado con la condición de ciudadano), se convierte en un bien al que se accede o no, en función de los recursos de que se dispone. Esto supone la quiebra del modelo social recogido en nuestra Constitución y supone que se deje vacía la democracia.

Es en estos momentos cuando los servicios públicos son aún más necesarios, en una etapa de recesión económica como la que vivimos. De un lado porque el Estado puede contribuir a la reactivación económica a través de la inversión pública y de la generación de empleo público. De otro porque los servicios públicos pueden actuar de colchón frente a las consecuencias de la crisis, protegiendo a las personas más vulnerables y garantizando la cohesión social. Lejos de estas consideraciones, el Gobierno del PP está procediendo a recortes sin precedentes que destruyen empleo público y deterioran la calidad de los servicios. En los últimos años se han perdido más de 375.000 empleos en el conjunto de las administraciones públicas en nuestro país, muchos de ellos en sectores básicos como la sanidad, la educación, la atención a las dependencias, la seguridad, los servicios sociales, la investigación...

Junto a esto, se intenta derivar a los ciudadanos una parte cada vez mayor del coste del servicio, lo que hemos podido ver con el copago sanitario o el incremento de tasas en la educación que ha discurrido en paralelo a la reducción de becas y ayudas públicas, lo que introduce un sesgo clasista en el acceso a derechos básicos. Es imprescindible y urgente un cambio de rumbo en estas políticas y más teniendo en cuenta que los daños y retrocesos producidos son difícilmente reversibles, lo que pasa por una rectificación de las políticas de ajuste y consolidación fiscal, imperantes en la Unión Europea.

Se ha demostrado que las políticas de reducción del gasto público que realiza el Partido Popular no han servido para resolver la crisis, tampoco para que volviera a fluir el crédito a las empresas y a las familias, para anticipar la recuperación de la economía o para la creación de empleo. Es más, las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit basadas en la contención del gasto agudizan la crisis, ralentizan la recuperación económica y la generación de empleo y afectan a la calidad de los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social.

En el empleo público se ha incrementado la precariedad de forma exponencial; pasando de tener un Sector Publico subdesarrollado, sin recursos humanos, fundamentales y necesarios en dicho sector. Posiblemente sea necesaria una reforma de las Administraciones Públicas, pero nunca en el sentido de reducirlas aún más. Frente a este tipo de políticas, es necesario:

· Un gran Pacto por el Empleo que contemple también una reforma fiscal, la reforma del sistema financiero, un pacto de rentas y un acuerdo para regular los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas.

· Apostar por el crecimiento económico, por una consolidación fiscal más justa y progresista que asegure los ingresos necesarios para sostener los gastos que demanda una salida de la crisis que consolide el Estado de bienestar, y que combata el déficit público también por la vía de los ingresos, fomentando las inversiones públicas.

· Garantizar los servicios básicos a la ciudadanía pilares esenciales sobre los que se sostiene el Estado de bienestar de la sociedad, independientemente de los costes.

· Una sanidad pública, gratuita, en el momento del uso, y universal es garantía de calidad de vida y una apuesta necesaria por la innovación y el desarrollo. Los gobiernos deben garantizar la sostenibilidad, la legitimación y la suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, así como el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad sin recortar las inversiones en investigación, porque nos alejaría del progreso y nos situaría en desventaja con los países de nuestro entorno.

· Una educación pública de calidad porque es un derecho fundamental que sienta las bases del progreso económico y social de un país. Destinar recursos a la educación pública no puede considerarse un gasto superfluo e innecesario sino que es la mejor inversión de futuro.

· Unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social y el bienestar de las personas más desfavorecidas y dependientes, satisfaciendo sus necesidades básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso.

· Una justicia gratuita, ágil y cercana al ciudadano. Potenciando su coordinación y organización, acercando las sedes a los ciudadanos y con unos procedimientos simplificados.

· Asegurar el acceso a la vivienda por medio de políticas públicas de fomento del alquiler social y poniendo en marcha mecanismos de actuación ante los desahucios.

· Asegurar el acceso a la cultura, al deporte y a la información al conjunto de la sociedad por medio de políticas públicas que provean medios, equipamientos y actividades. Fomento del asociacionismo en todos sus ámbitos, sociocultural y deportivo, impulsando la participación de los interlocutores sociales y organizaciones ciudadanas en el establecimiento de las cartas de servicios a la ciudadanía.

· Inversión en transportes y comunicaciones. Fomentar el acceso a un transporte público, que conecte adecuadamente las distintas poblaciones y los barrios de nuestras ciudades, para garantizar una movilidad sostenible.

· Retirada del proyecto de Ley para la reforma de las Administraciones Locales, mantenimiento de las competencias propias y complementarias para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Una financiación suficiente de todas las administraciones, para el buen ejercicio de los derechos de ciudadanía, dotando fondos de cohesión suficientes para las administraciones locales. Es imprescindible mejorar la coordinación de funciones y competencias entre las diferentes administraciones y además de exigir la obligatoria y necesaria lealtad institucional.

· Avanzar hacia un modelo tributario solidario y progresivo que permita incrementar los ingresos públicos y que persiga el fraude fiscal. Ello implica una amplia reforma fiscal que recupere figuras impositivas como el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, que elimine deducciones innecesarias, que controle los beneficios de las SICAV, crear un impuesto sobre la banca, implantar una fiscalidad verde, etc.

· Un número de emplead@s públicos suficientes, bien formados y con unas condiciones de trabajo dignas para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a toda la ciudadanía, porque son un factor fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Las políticas de ajuste están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones mediante la amortización de plazas, la no renovación de contratos, la aplicación de la tasa de reposición en sectores a los que tradicionalmente no afectaba, despidos del personal laboral y privatizaciones de servicios públicos. Las reformas deben realizarse con la participación del conjunto de la ciudadanía a través de las organizaciones sociales, sindicales y políticas, teniendo en cuenta la diversidad territorial y las diferencias del mundo rural y urbano. No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el Estado de bienestar.

Por todo ello, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la falta de inversión y los recortes en servicios públicos. En esta época de crisis deben centrarse los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos y del Estado de bienestar, porque las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos de un Estado de bienestar desarrollado y a unas adecuadas condiciones de vida, además del derecho a un trabajo digno.

Por último, es necesario desarrollar un espacio de encuentro permanente con diferentes organizaciones y entidades sociales, que dinamice e impulse una alianza en favor del Estado de bienestar y de unos servicios públicos de calidad como derecho de ciudadanía y que es factor de integración y cohesión social a partir de una adecuada distribución de la riqueza.

CONCENTRACIÓN EN DEFENSA DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, con todas las mareas, asociaciones, organizaciones políticas, sindicales para el día 16 de noviembre a las 12.00 horas en la plaza de la constitución de Aranjuez) que como en su desarrollo, siguen siendo elementos esenciales y por ello estamos convocados a defender y salvar lo que es nuestro, como ciudadan@s, no como clientes en manos de la iniciativa privada.

Exigimos otra política económica, financiera, social y laboral, porque si hay alternativas. 

¡SI SE PUEDE! - Es tuyo, es público, ¡SALVALO!