El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado sin vigencia el Convenio Colectivo para el Personal Laboral y lo sustituye por una Resolución de seis puntos. CCOO recuerda al Gobierno regional que el Convenio está en prorroga, tal y como se recoge en su artículo 3, y que ambas partes están obligadas a negociar bajo el principio de "buena fe" tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores. El sindicato censura la actitud del Gobierno regional que provoca que miles de trabajadores tengan sus condiciones laborales en vilo.
En la reunión mantenida ayer entre los sindicatos representativos en la Comisión Negociadora y la Administración, ésta ha decidido unilateralmente que elimina el actual convenio colectivo y lo cambia por una Resolución de dos folios y seis puntos que adjuntamos a esta nota.
En esta Resolución manifiesta que el personal laboral continuará rigiéndose, hasta el 1 de octubre de 2013, por el anterior convenio el régimen retributivo y complementos salariales personales, de cantidad de trabajo y de puesto de trabajo, régimen disciplinario, régimen ordinario y especial de jornada así como lo relativo a las ayudas y pluses de transporte y préstamos y anticipos.
También se expone que se tomará como referencia negociada la clasificación profesional. El resto de condiciones laborales se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa vigente.
CCOO le recuerda al Gobierno regional que el Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, se encuentra en prorroga al estar determinado en su artículo 3 del vigente convenio. Dicho artículo señala que, “denunciado este convenio, y hasta tanto se logre acuerdo expreso sobre otro nuevo, se prorrogará la totalidad de su contenido”. Por tanto, el sindicato señala que tal y como se determina en el artículo 86. 3 del ET, el convenio no se ha encontrado nunca en ultraactividad.
Por lo tanto, CCOO entiende que la Administración, de forma unilateral, con esta resolución provoca la ruptura de la negociación y ante esta circunstancia procederemos a abandonar la Comisión Negociadora e iniciaremos las acciones a las que hubiera lugar e interpondríamos las correspondientes demandas judiciales, sin descartar la vía penal.
Además, el sindicato exige al Gobierno regional que cumpla el Estatuto de los Trabajadores que en su artículo 89.1 obliga a las partes a negociar de “buena fe”.
