A pesar de existir
una sentencia firme por la que se anulan los contratos de externalización de
los servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Pública Viaria
a la empresa GSC (hoy RECOLTE), el gobierno municipal de Villaconejos, con su
alcalde al frente, niega la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras
que en su día fueron subrogados desde el ayuntamiento a esta empresa.
Fue en septiembre
de 2009 cuando el ayuntamiento privatizó los mencionados servicios y transfirió
a los trabajadores adscritos a ellos a la empresa adjudicataria. Cuatro años
después, el gobierno municipal rescinde unilateralmente el contrato con la
empresa RECOLTE y se hace cargo del servicio, dotándose del personal necesario
a través de una bolsa de empleo, en lugar de hacerlo con el personal que ha
prestado el servicio durante años.
En tanto se
encontraba una solución, empresa y trabajadores decidieron negociar un ERTE al
no existir posibilidad de prestación de servicios. Desde entonces, la plantilla
ha ido agotando la prestación por desempleo, encontrándose en estos momentos en
una situación delicada.
El día 26 de noviembre
de 2014, adquiere firmeza la sentencia por la que se anulan los contratos de
privatización, por falta de dotación presupuestaria por parte del ayuntamiento,
lo que deja sin efecto la externalización del servicio y, por tanto, los
trabajadores solicitan reincorporarse a sus puestos en el ayuntamiento al que
nunca debieron dejar de pertenecer.
La negativa a este
reingreso, deja a los trabajadores en un limbo laboral y en una situación
precaria por el capricho político del alcalde y su equipo. Agotada, o a punto
de hacerlo, la prestación por desempleo, se enfrentan ahora a una batalla legal
por retornar a sus puestos de trabajo, que les deniega quien fue designado como
garante de los derechos de los ciudadanos y que fue elegido por ellos.
Por tanto, los trabajadores
y trabajadoras de RSU / LPV de Villaconejos, solicitan al ayuntamiento la
inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo.
